Así se va a reformar el sector público

El Gobierno está trabajando ya en una de las reformas más importantes de la legislatura: la reestructuración del sector público.
Los cambios legislativos, que serán supervisados directamente por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tiene un objetivo básico: que la gestión pública deje de convertirse en un lastre para la marca España y que pueda equipararse a la de las mejores empresas privadas.

Según las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, la reforma de las administraciones provocará el cierre de organismos públicos inútiles, avanzará hacia la centralización de la gestión de los servicios generales para ganar eficiencia y obligará a las comunidades y a los ayuntamientos a tener una estructura administrativa mucho más transparente. ¿Pero cómo se conseguirán estos grandilocuentes objetivos?

Aunque los trabajos están todavía en la primera fase, desde el Ejecutivo apuntan que se están planteando iniciativas concretas como la unificación de los boletines oficiales de las comunidades autónomas para ganar seguridad jurídica, o que se permita que los trámites municipales para abrir un negocio se puedan cumplimentar a posteriori.

También se estudia, por ejemplo, la simplificación de los tipos de empresas públicas (se busca que sólo haya uno o dos modelos) y se quiere limitar su capacidad de acción mediante cambios en la legislación mercantil. Otra opción en estudio es que inspectores del Ministerio de Hacienda evalúen aleatoriamente los contratos públicos de los ayuntamientos, que durante años han escondido prácticas que chocan con la libre competencia.