Bancos y cajas ofrecen paralizar los desahucios en los casos extremos
La patronal bancaria AEB trasladó el pasado jueves a Economía la disponibilidad de la banca a parar durante dos años los desahucios "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. Las cajas se han sumado hoy a la iniciativa.
A la espera de que el Gobierno y el PSOE decidan cómo intervenir para paliar el problema de los desahucios, las entidades financieras han empezado a reaccionar. Los bancos lo hicieron ya la semana pasada, según ha trascendido hoy, mientras que las excajas se han sumado hoy.
La AEB ha informado hoy de que el pasado jueves su presidente, Miguel Martín, trasladó el ofrecimiento de la banca al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre. Antes de esta entrevista, Martín se había reunido con la Defensora del Pueblo. El Banco de España también ha sido "plenamente informado" de la iniciativa de la banca, según puntualiza la patronal.
La patronal asegura que la iniciativa de la banca se ha tomado después de un intenso debate entre los bancos asociados y se ha hecho "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social".
El comunicado de la AEB llega después de que el Gobierno anunciara la creación de un grupo de estudio, con el principal partido de la oposición, para encontrar una solución al problema de los desahucios y, eventualmente, reformar la ley hipotecaria. La primera reunión está prevista para hoy. El Ejecutivo, sin embargo, no informó de la propuesta de la banca.
La patronal también ha anunciado su disposición a colaborar con el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas "para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario".
A su vez, la patronal de cajas CECA ha comunicado esta mañana que sus asociadas, es decir, las excajas, "han decidido suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades". La CECA también asegura que está dispuesta a colaborar con el Ejecutivo para la elaboración de la nueva normativa.
La banca está preocupada por los eventuales cambios que el Ejecutivo quiera aportar a la ley hipotecaria, y han advertido de que determinadas medidas podrían disparar la morosidad de las hipotecas y provocar inseguridad jurídica, lo que alejaría a los inversores extranjeros del sistema financiero español. Esta situación, según el argumento de los banqueros, provocaría un ulterior estrechamiento del mercado del crédito, en un momento en que el cierre del grifo ya impide a muchos españoles acceder a la compra de vivienda.
Las entidades, además, defienden que, antes de recurrir al desahucio, se buscan todas las soluciones alternativas, ya que no tienen ningún interés en quedarse con los pisos. Entre las alternativas, está la refinanciación de la hipoteca, la introdución de periodos de carencia (en los que el deudor sólo paga los intereses del préstamo), e incluso la cesión del inmuebles en alquiler.
A pesar de estas medidas, en España se han llevado a cabo unos 170.000 lanzamientos (es decir, procedimientos en los que se saca al cliente moroso de la vivienda, incluso con el uso de la fuerza) desde 2009. En total, los procedimientos de ejecución hipotecaria rozan los 400.000.
