Bruselas alerta de riesgos a medio plazo en la deuda pública española

La Comisión Europea ha advertido hoy de un elevado riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Para mitigar la situación recomienda ajustes fiscales estructurales. Esto es, reformas que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos públicos de forma permanente, independientemente de si la economía crece o decrece. Situar la ratio de deuda pública en el 75% del Producto Interior Bruto en 2026 requeriría al menos 25.000 millones de euros en este tipo de medidas en 2017.

Asumiendo que no hay cambios en la política fiscal actual, la deuda pública española cerrará 2015 en el 100,8% del PIB y tocará su pico en 2016, con un 101,3%. A partir de ahí, si no se produce ningún cambio en la política fiscal, se mantendrá por encima del 100% hasta 2020. Entonces la bajada se aceleraría levemente y dejaría la ratio en el 91,8% en 2026, un nivel considerado demasiado alto por la institución.

El análisis del Ejecutivo europeo, publicado en su Informe sobre la Sostenibilidad Fiscal 2015, estructura el análisis en tres partes: a corto, medio y largo plazo. El primero, más ligado a problemas de liquidez, y los dos últimos, a la solvencia. Y el diagnóstico es el siguiente: a corto y largo plazo, los técnicos de Bruselas no ven grandes problemas. A medio (2020-2026), en cambio, el riesgo es "elevado".

Según la Comisión, España parte de unos niveles de deuda demasiado altos y de una posición fiscal (lo que el Estado gasta cada año de más sobre lo que ingresa) demasiado débil. La deuda pública roza el 100% del PIB, frente al 37% con el que España entró en la crisis financiera en 2008, y el déficit público acabará este año en torno al 4,5% del PIB, frente al superávit del 2% registrado en 2007. Esto deja al país en una situación de vulnerabilidad porque el margen para reaccionar ante un eventual imprevisto macroeconómico es ahora mucho más reducido, si no se ha extinguido ya.

En jerga macroeconómica, el Ejecutivo europeo lo explica así: "Una simulación conjunta de "shocks" sobre el crecimiento, tipos de interés y el saldo [fiscal] primario apunta a una probabilidad del 40% de que la deuda en 2020 sea mayor que en 2015, lo que supone riesgos elevados, dado el relativamente alto punto de partida".

"Los riesgos elevados a medio plazo emergen también [...] tanto al alto nivel inicial de la ratio de deuda pública como de la posición presupuestaria inicial, lo que lleva a riesgos en general elevados para el país a medio plazo", concluye este informe, que se publica cada tres años.

El tratamiento recomendado
La Comisión Europea aconseja mejorar de forma estructural el equilibrio entre gastos e ingresos públicos. Los cálculos anteriores se han hecho sobre una premisa: que el Gobierno logra un superávit estructural primario del 0,2% del PIB entre 2017 y 2026.

Sin embargo, Bruselas cree que si España cumpliera con sus recomendaciones para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la deuda pública española bajaría de forma mucho más rápida y se situaría en el 75% del PIB en 2026. Sin embargo, advierte, esto obligaría a registrar un superávit fiscal primario -que excluye el pago de intereses y excluye ingresos y gastos vinculados al ciclo económico- del 2,6% del PIB. De media, según la Comisión 2,5 puntos porcentuales más que el escenario previsto actualmente entre 2017 y 2026. Traducido en términos absolutos: al menos 25.000 millones de euros en ajustes estructurales en 2017.

En jerga comunitaria, el informe lo resume así: "Esto [alcanzar una ratio de deuda pública del 75% del PIB] requeriría un saldo estructural primario significativamente más alto (casi 2,5 puntos porcentuales de diferencia) a lo largo del horizonte proyectado (por ejemplo, un superávit del 2,6% del PIB entre 2017 y 2026) que lo previsto para 2017"