Bruselas podría congelar a España hasta un 20% de los fondos estructurales de 2017

La Comisión Europea (CE) podría congelar hasta un 20% de los compromisos de fondos estructurales y de inversión que España debería recibir el próximo año, una cantidad que aún no se ha precisado pero que podría superar los 1.000 millones de euros.

Después de que España eludiera en julio una multa por no haber tomado las medidas necesarias para reducir su déficit, el país corre aún el peligro de sufrir la suspensión de parte de estos compromisos presupuestarios -el importe máximo de pagos a los que se puede comprometer la Unión Europea en un periodo- que nutren programas de empleo, agrícolas y regionales, entre otros.

Una semana antes de que se tomara la decisión de cancelar la multa a España, el 20 de julio, el vicepresidente de la CE Jyrki Katainen recalcó ante sus compañeros que "la suspensión de fondos podría alcanzar el 20 % de los compromisos presupuestarios para el próximo año", según las actas de la reunión hechas ahora públicas, tal y como adelantó hoy Cinco Días.

Aunque no se conoce por el momento el dato concreto de fondos que corresponden a España en 2017, el montante total que el país tiene asignado dentro del presupuesto europeo para el periodo 2014-2020 es de 37.500 millones de euros, por lo que de media supone unos 5.343 millones anuales.

El ministro en funciones de Economía de España, Luis de Guindos, afirmó recientemente ante el Parlamento español que el país podría ver suspendidos 1.325 millones de euros.

La Comisión, contactada por Efe, rechaza comentar en detalle las cifras sin una propuesta en la mesa sobre la hipotética suspensión de fondos.

La decisión sobre la congelación de fondos se tomará después de que la Comisión mantenga un diálogo con el Parlamento Europeo, que se espera sea en las próximas semanas, aunque está por decidir si la última de septiembre o la primera de octubre.

Los documentos hechos públicos reflejan también el enfrentamiento mantenido entre el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, defensor de mantener una posición dura y multar a España, y el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

Dombrovskis defendió tanto el 20 como el 27 de julio la imposición de una penalización a España, aunque fuera simbólica, ya que advertía que de lo contrario podría cuestionarse la credibilidad de las normas europeas de disciplina fiscal y debilitarse el efecto disuasivo que la amenaza de una multa tiene sobre los países.

Por su parte, Moscovici logró convencer a una mayoría de comisarios de cancelar la multa, al considerar que la "sanción política" que ha recibido España al estar al borde de ser el primer país -junto a Portugal, que también forma parte del proceso- penalizado por incumplir sus compromisos de reducción del déficit.

El socialista francés también advirtió del impacto que podía tener una decisión así en ambos países, tras los esfuerzos realizados en los últimos años para sanear sus finanzas, y esgrimió "la situación aún difícil en la que se encuentran, especialmente con un desempleo elevado".

Moscovici avisa también del riesgo de provocar un "sentimiento de frustración entre la población" y de crear "tensiones inútiles" entre los ciudadanos y la UE, así como los países y las instituciones comunitarias.

Dombrovskis finalmente respaldó la propuesta de cancelar la multa y mantener la presión sobre España y Portugal, con la perspectiva de recurrir a la congelación de fondos si los países no respondían.

El déficit de España alcanzó en 2014 el 5,9% del PIB y en 2015 el 5,1%, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca, frente al 5,8% y del 4,2%, respectivamente exigido, pese a lo que finalmente logró eludir una multa económica, que podía haberse elevado hasta el 0,2 % de su PIB (2.200 millones).

Ahora, Bruselas ha concedido a España dos años adicionales, hasta 2018, para reducir su déficit por debajo del máximo del 3% del PIB que marca la normativa comunitaria, aunque a cambio tendrá que llevar a cabo en ese periodo un ajuste de más de 10.000 millones de euros.

Sin embargo, si no reacciona y presenta a tiempo las pruebas de que ha tomado acciones efectivas, lo que resulta complejo debido a que el Ejecutivo sigue en funciones, se arriesga a sufrir la suspensión de compromisos de los fondos estructurales y de inversión europeos a partir de enero de 2017.