Choque entre Comisión y Eurocámara por la congelación de fondos a España y Portugal

Una mayoría de eurodiputados de todos los grupos políticos cargaron contra el Ejecutivo comunitario. Este aseguró que la medida no afectará a programas de gasto ahora en marcha.

Eurodiputados de prácticamente todos los grupos políticos chocaron ayer con la Comisión Europea por la inminente suspensión de fondos estructurales y de inversión que el Ejecutivo comunitario debe proponer para España y Portugal por incumplir el déficit público del año 2015.

Una gran mayoría de los europarlamentarios criticó la medida punitiva que tendrá que proponer la Comisión y validar el Consejo Europeo (los 28 Gobiernos de la UE). La congelación entrará en vigor el 1 de enero de 2017, salvo que Madrid y Lisboa adopten antes medidas para cuadrar sus cuentas.

Los ataques fueron muy variados y desde todo el arco ideológico. Estuvieron los que acusaron al Ejecutivo comunitario de castigar a las regiones (ellas son las principales receptoras de los fondos) por los desmanes de los Gobiernos centrales; los que aprovecharon la ocasión para criticar las políticas de consolidación fiscal favorecidas por la UE; y los que llegaron a acusar a la Comisión alimentar el populismo y "destruir" la UE.

El marco del debate fue un "diálogo estructurado" en la Eurocámara de Estrasburgo, entre el vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen; la comisaria Corina Cretu, y los eurodiputados del Comité de Desarrollo Regional y los del Comité de Economía. Aunque el Parlamento no tiene poder de veto, se trata de un paso obligatorio.

La Comisión se defendió argumentando que no le queda otra opción que anunciar la suspensión de fondos, pues así lo fijan las normas; que los fondos se descongelarán tan pronto como los Gobiernos de ambos países presenten medidas para cumplir con el déficit público; que solo afectará a los compromisos a futuro, no a los pagos; y que, como todavía hay compromisos sin gastar de 2014, 2015 y 2016, la congelación no afectará a ningún programa de gasto actual.

Importe desconcocido
Tanto Katainen como Cretu aseguraron ayer que todavía no hay decisión sobre la fecha en la que adoptará la decisión, ni tampoco sobre el importe; si bien Luis de Guindos, ya dio una cifra orientativa en el Congreso: 1.300 millones de euros. Pero ese es uno de los cabos que siguen sueltos.

En este proceso de sanción a España y Portugal, hay cosas que la Comisión puede hacer y otras que no. Una vez que el Consejo validó la opinión de que España y Portugal no hicieron todo lo posible para reducir el deficit de 2015, el Ejecutivo europeo está obligado a congelar al menos una parte de los compromisos de pago de fondos europeos. Aquí es donde entra el margen de maniobra de la Comisión: decidir qué cuantía congelar.

De ahí, por ejemplo, la intervención del europarlamentario socialista español, Jonás Fernández, que pidió a la Comisión que fuera transparente con el método de cálculo y que, en cualquier caso, deje el importe final en una cifra "testimonial".

Por parte del PP español, Ramón Luis Varcárcel acusó a la Comisión de tomar "decisiones desproporcionadas" e "incomprensibles" para los ciudadanos. "Esto es lo que alimenta el populismo [...], lo que destruye a la UE", afirmó.

Katainen se defendió diciendo que la Comisión ya está siendo flexible a la hora de aplicar las normas. El finlandés puso como ejemplo la cancelación de la multa el pasado verano, que podría haber alcanzado el 0,2% del PIB. Además, Katainen aseguró que la descongelación de los fondos una vez se congelen, está en manos de los Gobiernos en Madrid y Lisboa; y que esta se hará de forma inmediata una vez que sus cuentas públicas vuelvan estar en línea con la UE. La primera oportunidad es el 15 de octubre. Antes de esa fecha, los Gobiernos de los 28deben enviar sus planes presupuestarios para 2017 y un listado de medidas efectivas para corregir posibles desviaciones.

En el caso de España, ese compromiso pasa, en primer lugar, por situar el déficit público de 2016 en el 4,6%. Para ello, el Gobierno ha aprobado un incremento del anticipio del Impuesto de Sociedades, con el que pretende recaudar 8.300 millones de euros.