España explicará hoy al Eurogrupo la modificación del objetivo de reducción de déficit para este año (del 4,4% al 5,8% del PIB), en una reunión en la que también se tomará una decisión final sobre el rescate griego.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se dirigirá a sus homólogos europeos por primera vez desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciase la decisión en rueda de prensa al término del Consejo Europeo de la semana pasada.
Rajoy defendió entonces que la meta de déficit es una decisión soberana española y que no incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) porque se mantiene el objetivo final del 3% del PIB en 2013.
En Bruselas, sin embargo, la manera de proceder del Ejecutivo español ha generado malestar.
Distintas fuentes comunitarias argumentan que lo normal en estos casos es consultar primero a la Comisión Europea (CE) y se muestran además partidarias de respetar las decisiones fiscales acordadas con Bruselas porque incumplirlas puede enviar una señal negativa a los mercados que genere aún más desconfianza.
La CE ya ha anunciado que si considera que España incumple las normas fiscales europeas no dudará en formular recomendaciones que podrían acabar en sanciones y recordó que si el país escapó al rescate en 2010 fue precisamente por respetar su objetivo de déficit.
La reunión del Eurogrupo, que comenzará a las 16.00 horas (17.00 horas en la Península Ibérica), también permitirá abordar la delicada situación que atraviesa Grecia y tomar una decisión definitiva para desbloquear el segundo plan de asistencia financiera, de 130.000 millones de euros, a los que podría sumarse más de 30.000 millones adicionales de los fondos restantes del primer rescate.
Uno de los focos de atención del día se centrará en el acuerdo sobre el canje de bonos para condonar unos 107.000 millones de euros de la deuda helena en manos privadas y el anuncio del Fondo Monetario Internacional de que contribuirá al rescate con 28.000 millones de euros, menos del tercio que normalmente le corresponde.
Según datos de Grecia, aceptaron voluntariamente el canje los poseedores de 152.000 millones de deuda bajo soberanía griega (85,8%), pero el resto de inversores en esta categoría (25.000 millones) se negó, por lo que el Gobierno heleno les obligó a aceptarlo mediante la activación de las cláusulas de acción colectiva (CAC).
Las principales agencias de calificación crediticia han considerado que la maniobra supone un impago de facto, algo en lo que estuvo de acuerdo la Asociación Internacional de Permutas y Derivados (ISDA), que activó a última hora del viernes la ejecución de los seguros contra riesgo de impago, por un valor estimado de 2.420 millones de euros.