El Gobierno recorta de 600.000 a 500.000 euros la remuneración máxima que pueden percibir los directivos de bancos que han recibido ayudas públicas.
Economía estrecha más el cerco a los banqueros de entidades que han recibido dinero de los contribuyentes. En el borrador del Real Decreto sobre restructuración y resolución ordenada de entidades financieras, se establece que la remuneración fija que pueden cobrar los “presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciben apoyo financiero del mismo, es de 500.000 euros”.
De esta forma, el Ministerio que dirige Luis de Guindos reduce en 100.000 euros la remuneración máxima que había establecido para estos directivos el pasado febrero, cuando el Gobierno del Partido Popular empezó la reforma del sistema financiero español.
Esta limitación se aplicará a todas las entidades que necesiten apoyo financiero público para seguir adelante, lo que podría significar la mayoría de los bancos. Se da por hecho que la gran banca, que incluye a Santander, BBVA y La Caixa, no necesitará estas ayudas, pero nadie pone la mano en el fuego sobre el resto de entidades, a la espera de que se conozcan los resultados de las auditorías individualizadas que Oliver Wyman está preparando con datos de Erns&Young, Deloitte, PWC y KPMG.
El límite de 300.000 euros para el sueldo de los directivos de bancos nacionalizados, como Bankia, se queda sin variaciones.
Responsabilidades
El borrador del Real Decreto, que está sujeto a modificaciones, también introduce la posibilidad de que los administradores paguen por los daños que su mala gestión ha causado a la entidad.
El texto deja claro que los administradores “responderán de los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos”. Hasta ahora, ningún banquero ha sido llamado a responder por la mala gestión que ha llevado a la crisis de una entidad. Hay procesos en marcha contra algunos directivos, como los exgestores de CAM o de Banco de Valencia, en los que incluso se ha personado el FROB. Pero estos directivos están siendo juzgados por malversar dinero de la entidad, fundamentalmente por atribuirse salarios o pensiones que no les correspondían, y no por su responsabilidad en la quiebra del banco.
El Real Decreto, por lo tanto, abre la puerta a que, en el futuro, un presidente de una entidad tenga que pagar por las malas decisiones empresariales tomadas si éstas acabaron perjudicando el banco, obligándolo a recurrir a ayudas públicas, o incluso llevándolo a la liquidación.