El Gobierno vetará las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el plan antifraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional.

Así lo ha señalado hoy el jefe del Ejecutivo en la sesión de control que se celebra cada miércoles en el Congreso de los Diputados, donde hoy la amnisría fiscal y los recortes presupuestarios centrarán el debate. Quienes incumplan dicha prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago.

Rajoy ha avanzado esta medida en su respuesta a la pregunta relativa a los PGE de 2012 formulada por el líder de IU, Cayo Lara, que pretende saber si el presidente considera que la amnistía fiscal es la mejor manera de luchar contra el fraude.

El Gobierno ya había avanzado que el plan de lucha contra el fraude incluiría limitaciones el uso de dinero efectivo en determinadas operaciones, aunque no había precisado hasta ahora donde se situaría el umbral (sí se habló en su momento de que éste podría ser de 1.000 euros para los autónomos).

El presidente ha matizado que la amnistía fiscal no es "total" puesto que las rentas que afloren pagarán un gravamen del 8% ó del 10% y ha defendido que "tiene sentido en la situación actual". Es una "medida excepcional" que sólo tendrá efectos en 2012 y que responde a un momento en que España necesita reducir el déficit y que obliga a mejorar los ingresos del Estado.

"Hemos subido algunos impuestos -hemos intentado hacerlo de manera justa y equitativa-, hemos recortado gasto público y en esta situación no queríamos subir más los impuestos y por eso esta medida tiene sentido", ha explicado. Además de repetir que cuenta con el respaldo de la OCDE, ha recordado que en España ya se adoptaron medidas similares en 1977, 1984 y 1991, y ha recalcado que en aquellas ocasiones sí fueron amnistías fiscales porque las rentas que se regularizaron no pagaron nada.

Cayo Lara, en su réplica, ha respondido ser consciente de la gravedad de la coyuntura económica, pero ha rechazado una medida que considera injusta, antisocial y premia el fraude. "Es inconstitucional, porque no respeta el principio de progresividad en el pago de los impuestos, además de inútil, porque no servirá para que aparezcan capitales no declarados".

Lara cree que sólo servirá para generar un efecto llamada a la insumisión fiscal y le ha propuesto al presidente que elabore un "plan serio" de lucha contra el fraude que incluya un incremento de la plantilla y los recursos de Hacienda.

Interpelaciones a los presupuestos
En la misma sesión plenaria se abordan dos interpelaciones urgentes sobre los Presupuestos, una sobre el impacto en el modelo de bienestar, por parte del PSOE, y otra sobre el recorte de más de 1.500 millones de euros en las políticas activas de empleo, por parte del PNV.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría insiste en que estos presupuestos "son los únicos posibles" en la situación que vive España y emplaza a las administraciones públicas a cumplir con la estabilidad presupuestaria.

Las cuentas de las autonomías se publicarán de forma trimestral
En este sentido, el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno publicará trimestralmente el estado de gastos e ingresos de las comunidades autónomas en términos de contabilidad nacional. "Muy pronto" dará a conocer las cifras con las que se cerró el ejercicio de 2011, ha avanzado y, después, el seguimiento trimestral de cada comunidad autónoma.

"Para que no haya dudas de que estamos todos en el mismo empeño: reducir el déficit público y generar confianza para poder tener cuanto antes recuperación económica a través del crédito y la apuesta decidida de las instituciones europeas para superar la crisis", ha puntualizado Montoro.

Enmiendas a la reforma laboral
El Pleno del Congreso también trata las cinco enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma laboral del Gobierno por el PSOE, La Izquierda Plural, UPyD, ERC y BNG. Al tratarse de un proyecto de ley que fue convalidado por el Congreso el pasado 8 de marzo, las enmiendas deben presentar texto alternativo.

La del PSOE propone la creación de un fondo para el fomento del empleo, con el objetivo de conceder crédito a aquellas pymes que realicen un contrato indefinido, informa Servimedia. IU aboga por prohibir la existencia de las agencias de colocación con fines lucrativos y propone introducir cambios en la contratación, estableciendo que todos los contratos serán por tiempo indefinido, salvo aquellos para los que "existan causas para su temporalidad".

El eje básico de la propuesta de UPyD es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, facilitando a los trabajadores la opción de un permiso retribuido con fines formativos. ERC quiere poner en evidencia que resulta compatible adoptar medidas que fomenten la adaptabilidad y flexibilidad en la empresa, la creación de empleo y el crecimiento económico con el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, y el BNG señala que la reforma persigue provocar una mayor precariedad y una desregulación en las relaciones laborales.