Madrid será la primera capital con una sanción por incumplirlos objetivos.
L
as primeras multas en dos décadas
de historia del Pacto de Estabilidad
de la UE recaerán hoy
sobre España y Portugal, dos de los paí-
ses más golpeados por la reciente crisis
financiera y que más recortes han acometido
para sanear sus cuentas públicas.
Bruselas reconocerá esos esfuerzos
y moderará el castigo, que en el caso de
España podría llegar a un máximo de
2.000 millones de euros.
“La mayoría de los comisarios
acepta que el Pacto
no puede aplicarse con
saña y que los expedientes
de España y Portugal
no pueden servir para dar
un escarmiento”, tranquilizan
en la Comisión
Europea. Pero ni siquiera
la rebaja librará a España
y Portugal de la humillación
de ser los dos
primeros países sancionados
por incumplir sus
objetivos de déficit en 2015 de manera
presuntamente deliberada.
El ala más dura de la Comisión aboga
por una multa de unos 1.000 millones
de euros, mientras que los más benévolos
consideran esa cifra “una barbaridad”
y desean una sanción simbólica, por debajo
de los 200 millones. “Al final”, se-
ñala una fuente comunitaria, “el debate
no es económico, sino sobre el concepto
de simbólico y es probable que la
cifra final no satisfaga a nadie”. Esa horquilla
de insatisfacción se situaría entre
los 300 y los 500 millones, una cifra elevada
para España, pero baja para los socios
del norte.
Para suavizar el impacto político de la
multa, la CE también ofrecerá unos plazos
más cómodos a España para situar
el déficit público por debajo del 3%. En
su última recomendación, que no llegó
a aprobarse, Bruselas reclamaba que los
números rojos cayesen hasta el 2,5% en
2017, una senda que
hubiese requerido reducir
a la mitad el déficit
actual en apenas
dos años. La CE acepta
ahora prolongar el
plazo hasta finales 2018,
lo que permitirá al futuro
Gobierno, si llega a
formarse este otoño,
fijar un techo de gasto
más holgado para el
próximo presupuesto.
El nuevo calendario
del déficit apenas plantea
debate ya en la Comisión. Pero la
cuantía de la multa será objeto de regateo
casi hasta el último minuto previo
al anuncio hoy de la decisión oficial.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, ha porfiado durante semanas
que la sanción finalmente sería anulada
o rebajada a cero euros. Pero ayer,
fuentes españolas se resignaban ya
ante lo que parece una inevitable sanción y confiaban en que, al menos, masen en cuenta los esfuerzos realizados
hasta ahora.
El ala más dura, encabezada por el vicepresidente
económico de la CE, el conservador
letón Valdis Dombrovskis, ya
ha renunciado a la multa máxima, que
sería equivalente al 0,2% del PIB o 2.000
millones de euros. “Es imposible una
multa de esa cuantía porque sería dar
la impresión de que el castigo es el mismo si se incumple por poco o por mucho”,
reconocen en la Comisión.
Dombrovskis y los suyos, entre los que,
curiosamente militan comisarios de
países que no pertenecen a la zona euro,
como Suecia, admiten una rebaja pero
no se conforman con una multa meramente
simbólica. Los duros reclaman
una sanción significativa, aunque no sea
ejemplarizante, que debería rondar,
según esa tesis, entre 400 millones y 600
millones de euros.
En el bando contrario se encuentra el
comisario europeo de Economía, el socialista
francés Pierre Moscovici, que considera
inapropiado políticamente aplicar
un castigo a dos países que todavía
no han superado la crisis, uno de ellos,
España, con casi cuatro millones de parados,
y el otro, Portugal, azotado por un
rebrote de la crisis bancaria que podría
acabar en un nuevo rescate. Para ese
grupo, la multa debería ser simplemente
testimonial y no pasar del 0,01% o
0,02% del PIB, lo que para España sería
entre 100 y 200 millones de euros.
El presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, podría inclinar la
balanza en uno u otro sentido. Pero ya
se ha enfrentado antes con cada uno de
los bandos, por lo que es previsible que
opte por una decisión salomónica que
le puede costar a España decenas de millones
de euros.