Guía del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las CCAA

El Impuesto sobre las herencias, en manos de las comunidades, presenta diferencias sustanciales según el territorio. Una herencia de 800.000 euros debe tributar unos 165.000 euros en Andalucía, mientras que las bonificaciones de Madrid lo reducen a 1.500 euros en este territorio. Las CCAA socialistas exigen una armonización fiscal que se incluya en la reforma del sistema de financiación, que acaba de comenzar.

La reforma de la financiación autonómica que el Gobierno quiere realizar este año y que centró la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero pone en el punto de mira el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que se ha desatado una guerra política principalmente entre una de las comunidades que tienen el impuesto más alto, Andalucía, y la que lo tiene más bajo, Madrid. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, exige que se armonice y así obligar a la Comunidad de Madrid, que lo bonifica al 99%, a subirlo. Cristina Cifuentes, su presidenta, se niega.

En algunas autonomías, lo elevado del impuesto lleva a los ciudadanos a renunciar a su herencia. EXPANSIÓN muestra una radiografía de cómo está el impuesto en cada comunidad autónoma con ejemplos prácticos de herencias y donaciones, foto que arroja notables diferencias entre autonomías.

Pero la polémica no es ni mucho menos nueva. Cataluña se queja recurrentemente de lo que denomina dumping fiscal de Madrid, que en su caso es especialmente fuerte en lo que respecta al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio -en Madrid, también los más bajos de España- que provocan fugas de capitales de Cataluña a Madrid y a otras comunidades, en concreto, de patrimonios y directivos, sin olvidar la salida de empresas.

De momento, el Gobierno elude posicionarse en la polémica y traslada que ahora es el momento de los expertos. Precisamente ayer el Consejo de Ministros dio luz verde a la comisión de expertos que se encargará de diseñar el nuevo sistema de financiación autonómica, presidida por el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén Manuel González Sánchez. En ellos descarga el Ejecutivo el debate y la redacción de un informe con sus propuestas sobre la fiscalidad autonómica. Sin embargo, el Gobierno del PP ya ha apuntado que es partidario de armonizar el impuesto.

El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos prevé armonizar los impuestos autonómicos:"En el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, se avanzará en la armonización de los tributos propios y cedidos a las comunidades autónomas para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones del territorio nacional", dice.

Esta medida ya la estudió el PP en su reforma fiscal de 2014, pero la aplazó porque no modificó la fiscalidad autonómica, a pesar de que estaba previsto que lo hiciera.

La imposición de una tributación mínima en Sucesiones es una de las recomendaciones del comité de expertos que designó entonces Hacienda, liderado por el catedrático Manuel Lagares.

Los sabios recomendaron que hubiera un mínimo exento común en toda España entre 20.000 y 25.000 euros y establecer un tipo de gravamen entre el 4% y el 5% para las herencias entre familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes).

Estos planes y la polémica política que enfrenta a Madrid con Andalucía y la mayoría de regiones, incluidas las del PP -sólo Baleares se ha mostrado partidaria de permitir la libre competencia fiscal, ya que Galicia ha mantenido una posición más ambigua- colocan a Madrid en el punto de mira por tener la fiscalidad más baja entre las comunidades autónomas y su estatus de oasis fiscal podría tener los días contados.

El argumento de Andalucía es que el "dumping fiscal entre regiones supone que las comunidades mejor financiadas puedan llevar a cabo políticas de reducción fiscal, algo imposible para otras que no cuentan con recursos suficientes".

Madrid, en cambio, defiende su modelo, "el que funciona", el "derecho" de cada comunidad autónoma de subir, bajar, crear o suprimir impuestos. Su postura es que "no se merme esta capacidad de autonomía" en materia fiscal. En su opinión la propuesta de armonización fiscal sería un "retroceso" para la economía madrileña, que asegura que en estos momentos está siendo el "motor" de España.

Lo cierto es que las diferencias entre autonomías son notables. De la bonificación y la imposición mínima de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, se pasa a a los tipos bajos de Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana y a la situación similar a la estatal de Castilla y León y Murcia.

En el lado opuesto, la Junta de Andalucía, Extremadura, Aragón y Asturias son quienes más gravan Sucesiones (ver gráficos adjuntos).

El debate sobre la armonización fiscal se ha convertido intencionadamente en uno de los focos de la futura reforma del modelo de financiación, aunque estrictamente no forma parte del reparto de los fondos, al tratarse de impuestos propios que se quedan fuera del reparto del bote común. Pero no se trata ya de una mera disputa autonómica: el PSOE, en su vertiente nacional, ha alzado también esta bandera y exige una armonización fiscal. Y si los socialistas se proponen dar esta batalla, es difícil que el PP no vaya a abordar el debate, puesto que se ha convertido en socio preferencial del Ejecutivo de Rajoy para grandes reformas, entre ellas, quizás, los Presupuestos generales de 2017.