Las sicavs son, como los fondos de inversión
clásicos, instituciones de inversión
colectiva. Comparten las exigencias
de un patrimonio mínimo de 2,4 millones
de euros y al menos 100 partícipes.
La peculiaridad frente a los fondos está
en que cuentan con un consejo de administración,
que en la práctica lleva las
riendas de las inversiones. Esa cúpula
está formada por los máximos accionistas
o, si no figuran ellos mismos, por personas
de su total confianza.
Se acusa a las sicavs de ser vehículos
para que las grandes fortunas difieran
la tributación. El sindicato de técnicos
del Ministerio de Hacienda, Gestha, asegura
que alrededor del 80% de ellas no
cumple realmente con los requisitos para
tributar al 1%, el tipo reducido de las instituciones
de inversión colectiva, en lugar
de al tipo general de sociedades, del 25%.
En todo caso, al igual que en los fondos
tradicionales, los socios tributan por
las plusvalías cuando retiran el dinero.
Es decir, pagan a la Agencia Tributaria
entre el 19% el 23% de los beneficios.
El partido que lidera Pablo Iglesias
abrió el debate, pero incluso el PP incluyó
en su último programa medidas sobre
las sicavs: “Solo se computarán a efectos
del número mínimo de 100 accionistas
los que tengan una participación
superior al 0,55%”. Por lo tanto, el mayor
accionista podría tener
como máximo el 45% del
capital, cuando ahora
puede llegar a controlar
hasta el 99% sin ningún
problema legal.
El PSOE también
aboga por limitar el porcentaje
máximo que
puede tener el mayor accionista. La formación
que lidera Pedro Sánchez quiere
además fijar un periodo máximo por
el que los inversores no tributen y que
la supervisión vuelva a la Agencia Tributaria,
medida esta última que también
recoge Ciudadanos. Ahora el control de
las sicavs está bajo la batuta de la CNMV.
El temor entre los usuarios de estos instrumentos
es comprensible. Se han convertido
en un arma arrojadiza en la renovada
batalla electoral.
Así, la creación de nuevas sicavs se paralizó
a finales del año pasado, al tiempo
que los bancos comenzaron a recomendar
a sus clientes que buscaran paí-
ses en los que esta figura no estuviera
sometida a borrascas políticas. Pero el
último conteo revela que el temor se ha
acelerado. A cierre de marzo, existían
3.411 sicavs registradas en España,
según Inverco; ahora el número ha bajado
a 3.355, según la CNMV, la fuente
última de los datos. Han desaparecido
en términos netos 56 sicavs,
el mayor descenso
desde 2012 (véase gráfico),
ejercicio que finalizó
con 75 vehículos
menos que en 2011.