Oxford Economics no ve factibles las previsiones del Gobierno.
España volverá a incumplir el objetivo de déficit acordado con Bruselas por octavo año consecutivo, a pesar del fuerte crecimiento experimentado por la economía el pasado año. La incertidumbre derivada de las últimas elecciones hace suponer que la adopción de medidas adicionales para estrechar la brecha entre gastos e ingresos está todavía lejana, sobre todo porque las nuevas actuaciones podrían frenar los avances conseguidos. La otra cara de la moneda son las consecuencias inmediatas de este incumplimiento: subida del precio de la deuda y pérdida de la confianza de los inversores.
En el documento adjunto, los expertos de Oxford Economics vaticinan que el déficit español alcanzará el 4,8% del PIB, frente al 4,2% requerido y al «optimista» 4,5% previsto por el Gobierno, lo que multiplica los riesgos de incumplimiento para el año entrante. Los analistas ven imposible reconducir la situación sin esfuerzos de contención adicionales, por lo que ven probable que se alcance algún tipo de acuerdo con Bruselas para relajar los objetivos, a cambio, eso sí, de nuevas reformas estructurales.
Los analistas de la firma británica manejan dos escenarios posibles. En el primero de ellos España debería de acometer un severo ajuste fiscal para conseguir el objetivo para este año, los que conllevaría la reducción de inversiones y un aumento de impuestos. La segunda opción, la más probable para los expertos, supondría un ajuste más moderado que dejaría la reducción del déficit a medio camino entre la previsión actual y los objetivos oficiales para el periodo 2016-18. Estos ajustes repercutirían en un menor crecimiento económico, que se traduciría en una reducción del 0,5% anual en el primer escenario y del 0,3% en el segundo.
El informe concluye que España se verá obligada a aplicar medidas adicionales para ajustar el déficit lo más rápido posible, aunque la incertidumbre actual les impide realizar previsiones sobre cómo serían éstas. Por otra parte, también manejan la posibilidad de que el nuevo Gobierno decida no abordar este problema, lo que traería aparejados nuevos riesgos, como un aumento del precio de la deuda y una pérdida de confianza en las políticas económicas españolas.