Prisión eludible bajo fianza de 30 millones para Díaz Ferrán

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán, después de declarar hoy, junto a los otros siete detenidos en la "Operación Crucero".

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario valenciano, Ángel de Cabo han llegado a la Audiencia Nacional a las 8.43 horas en un furgón policial para ser interrogados por el juez Eloy Velasco por la ocultación de bienes para pagar a los acreedores de Marsans.

Díaz Ferrán ha comenzado a declarar, a las 10.15 horas ante el juez de la Audiencia Nacional. El expresidentede la patronal ha sido el segundo de los nueve detenidos en ser llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid.

El juez Velasco, ha decretado prisión para Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros, tras tomarle declaración, durante algo más de una hora, como parte de la "Operación Crucero". Es la fianza para eludir prisión más alta impuesta en una instrucción judicial en España, solo igualada por la decretada en 1999 para el empresario Javier de la Rosa, que también fue de 30 millones de euros.

Ferrán está acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos. Entre los detenidos que hoy han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También han serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que mantiene bajo secreto la causa, decidirá hoy las medidas cautelares que impone a los detenidos, que previsiblemente se enfrentarán a prisión incondicional o prisión eludible bajo fianza.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco tomará una decisión sobre Díaz Ferrán antes de interrogar al resto de detenidos, con el objetivo de que sea trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para que declare a las 13.00 horas por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.

Según fuentes de la investigación, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, llegaron a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales (Holdisan y Grudisan, en el caso del expresidente de la CEOE y Parihol Inversiones, en el caso de Pascual), con el fin de evitar pagar a los acreedores del grupo turístico. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

50 millones bloqueados
Los nueve detenidos permanecen desde el lunes en dependencias policiales hasta que hoy pasen a disposición del juez Eloy Velasco, que les investiga por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan. Además, la Policía encontró ayer dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido.

Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado el lunes en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.

Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

Bienes en el extranjero
Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó ayer que la detención Díaz Ferrán sea ejemplarizante, a lo que añadió que es adecuada "a las circunstancias del caso", así como para garantizar su presencia ante los tribunales.

Por su parte, el vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha considerado que la organización no pierde "en absoluto" legitimidad por la "incidencia" de la detención de su expresidente y ha apuntado que la justicia determinará si el empresario "ha hecho bien las cosas".