Sanidad planteará que los jubilados paguen el 10% de los fármacos

El Ministerio de Sanidad planteará hoy a las comunidades autónomas que los pensionistas paguen el 10% de los medicamentos que se les recete, con límites para enfermos crónicos, y que los activos paguen el 50% en vez del 40% actual. La medida se aprobará pasado mañana en el Consejo de ministros mediante real decreto.

Tal como estaba previsto, el polémico copago farmacéutico en función de la renta es una de las propuestas que llevará hoy el Ministerio al Consejo Interterritorial de Salud, la reunión de responsables de Sanidad de las comunidades autónomas más importante de los últimos años.

El Departamento dirigido por Ana Mato ya había confirmado que cambiaría el sistema de acceso a fármacos y que el criterio sería la renta, aunque no había concretado que el criterio de la renta sustituiría al actual, basado en función de la actividad laboral (activos o pensionistas. La semana pasada la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria del Partido Popular, Dolores de Cospedal, volvió a defender el copago de medicamentos según la renta.

La obligatoriedad de hacer pagar una proporción de los medicamentos a los pensionistas supondría que se descarta el copago de un euro por receta, con el que se venía especulando. Otra de las medidas con las que se conjetura sería la de excluir de la financiación pública a medicamentos que cuesten menos de tres euros.

Según la propuesta, que esta madrugada han desvelado fuentes populares a Efe, los fármacos dejarían de ser gratuitos para los pensionistas y deberían abonar el 10% del precio de los medicamentos hasta un tope de 10 euros. Para evitar perjuicio a los crónicos, que necesitan medicamentos de forma recurrente, a los enfermos que gasten más de esta cantidad al mes durante tres meses consecutivos se les devolvería el dinero abonado por encima de los 30 euros. El tope mensual para los jubilados con las pensiones más altas se establecería en veinte euros.

Los ciudadanos en activo, que ahora pagan el 40% del precio de los medicamentos recetados abonarán un 10% más, pero si su renta supera un determinado umbral, que podrían ser los 100.000 euros anuales, pagarían un 20% más, es decir, el 60% del precio del fármaco.

Está en estudio, según las fuentes consultadas, cómo proteger a las rentas más bajas o a los parados sin prestaciones, aunque se ha sugerido que los desempleados estarían exentos de pagar los medicamentos, según señalaba esta mañana RNE.

Ahorro de 3.700 millones, pero un pago extra para los pensionistas
Con esta reforma en el sistema de pago, Sanidad estima que se podrían ahorrar cerca de 3.700 millones de euros de los 7.000 millones que el Gobierno quiere ajustar en el presupuesto sanitario. El Gobierno defiende que un pago según renta es "equitativo", añaden las fuentes del PP, aunque las reacciones no se han hecho esperar.

El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, señala en Twitter que, "teniendo en cuenta que el 70% de pensionistas españoles ganan menos de 1.000 euros, la medida se traduciría en un nuevo impuesto" para este colectivo. Elena Valenciano afirma también en esta red social que el Gobierno "penaliza la vejez y la enfermedad".

Por su parte, Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) considera que "penaliza", sobre todo, "a enfermos y pobres". Según explicó el portavoz de esta entidad, el 8,5% de los pensionistas cobran menos de 300 euros al mes y el 54% una cifra inferior a los 650 euros mensuales.

Defensa de la Sanidad Pública se muestra también en contra de que los ciudadanos que no sean pensionistas paguen un porcentaje más alto del que sufragan ahora por los medicamentos. Según él, esta medida afectaría a parados, familias con todos sus miembros sin ingresos y a trabajadores con salarios bajos, además de requerir la renovación de todas las tarjetas sanitarias, que según sus cálculos, supondría una inversión cercana a los 900 millones de euros.

Otras propuestas que se abordarán en la reunión de consejeros
El departamento que dirige Ana Mato planteará otras medidas para completar ese ahorro, aunque descarta el copago en la asistencia sanitaria. La posible progresividad en función de la renta, apuntada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se está estudiando únicamente para los medicamentos.

En materia de farmacia, la principal medida que se estudiará en el Consejo Interterritorial, que se celebra a partir de las 10.00 a.m., será la central de compras conjunta y se presentará un informe sobre la propuesta de mecanismos de "actualización y aportación reducida" en la prestación farmacéutica en el SNS. Además, se verán las propuestas de definición de criterios mínimos de ordenación farmacéutica.

También se tratará la creación del Grupo de trabajo que fije criterios para el nomenclátor maestro. El nomenclátor de medicamentos, que actualiza Sanidad, permite acceder a toda la información económica y administrativa de todos los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Asimismo, se informará de la reciente modificación de la Directiva Europea de Transparencia, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad.

La ministra tratará con los consejeros autonómicos la creación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) anunciado hace unas semanas por Mato, con el que se pretende asegurar la atención de pacientes en otras comunidades distintas a la que residen y dar respuesta a las necesidades financieras de las autonomías a la hora de prestar dicha asistencia.

Se abordará la situación de los procedimientos de infracción de la Comisión Europea en materia de la tarjeta sanitaria europea (TSE); y se estudiarán las propuestas de actuaciones en relación a la queja europea sobre la práctica de ciertos hospitales públicos españoles que rechazan la TSE cuando el paciente tiene seguro médico privado.

También se presentará el informe de la situación de los Proyectos de desarrollo normativo en el ámbito de la Ordenación Profesional; se pretende llegar a un acuerdo para el establecimiento de un programa de aprovechamiento y ahorro en el fraccionamiento del plasma español; y, finalmente, se informará sobre la evolución del consumo de medicamentos genéricos.

En la reunión también se presentará la propuesta de colaboración y coordinación de actuaciones en relación a los niños robados.